La cifra de desplazados por desastres ambientales es la más alta en 13 años: ¿Qué pasa con las personas que huyen por el clima?
Por Alejandro Zapata Peña
En Colombia, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) registró en 2023 la tasa más elevada de este fenómeno. Llegó a superar incluso los conteos relacionados con el conflicto armado.
Cada año se presentan millones de desplazamientos por conflictos armados, guerras y desastres ambientales. En 2023 hubo 75,9 millones de personas en situación de desplazamiento a nivel mundial. La cifra es del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno IDMC (por sus siglas en inglés), consignadas en su más reciente Reporte Global de Desplazamiento Interno 2024.
Ese informe en Colombia reveló que el año pasado hubo más desplazamientos por desastres ambientales con un total de 351.000 casos frente a los 293.000 a causa de la violencia y conflictos armados. Asimismo, han sido más los desplazamientos por desastres —que, desde el 2008, sumaron 4,1 millones— que aquellos por violencia que alcanzaron 2,9 millones a finales del año pasado.
Uno de los 4,1 millones de desplazamientos que hubo en el país por causas ambientales lo vivió Lucelly Ávalos el 18 de septiembre de 2020. Fue durante la pandemia, cuando su casa se ubicaba en el barrio El Pacífico de la comuna 8, en Villa Hermosa, Medellín. El sector limita al oriente con el corregimiento de Santa Elena y está ubicado en una de las zonas más altas de la ciudad. Desde la casa de Lucelly, se podía ver gran parte de la capital antioqueña y al costado derecho una pequeña canalización de una quebrada.
Lucelly Ávalos a un costado de la canalización que tiene la quebrada La Rafita del barrio El Pacífico de la comuna 8 Villa Hermosa de Medellín. Foto: Alejandro Zapata Peña.
Ese día de septiembre el hilo de agua de la quebrada La Rafita, aparentemente inofensivo, hizo evacuar a varias familias porque ya no solo bajaba agua a borbotones, sino que también lo hacían las piedras y ramas de árboles. Entre esas familias estaba la de Ávalos que vio desmoronarse su casa por culpa de las fuertes lluvias que ese año hicieron crecer la quebrada.
Después de perder su vivienda intentó acceder a los programas de subsidio de la Alcaldía de Medellín, pero al no figurar con ciertos requisitos no encontró ayuda. Sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados y volvió a construir un hogar unos metros más retirado de la quebrada.
Ávalos es hoy vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, donde intenta ayudar a 30 familias desterradas de esta parte de la comuna por el alto riesgo que representa la quebrada y las avenidas torrenciales.
La palabra desplazamiento ya era conocida para Lucelly porque en 2008 huyó de Dabeiba, un municipio al occidente de Antioquia, donde varios grupos armados tomaron el control. Su hijastro fue víctima de desaparición forzada y desde entonces ha tenido que luchar contra el flagelo de la violencia. Ahora combate el mal panorama climático que no es ajeno a las grandes ciudades del país.
Algunas familias del sector del barrio El Pacífico tienen que abandonar sus viviendas por el alto riesgo no mitigable al nororiente de Medellín. Foto: Alejandro Zapata Peña.
El panorama nacional
Los acontecimientos más fuertes fueron los incendios de finales de 2023, en los que unos 404 municipios se vieron afectados por estas conflagraciones, varios propagados por personas, pero intensificados por las altas temperaturas que afectaron ecosistemas vitales para el desarrollo humano como los páramos y bosques.
De igual forma, lluvias e inundaciones afectaron diferentes partes del Caribe colombiano. El informe del DIMC argumenta que La Guajira, en el norte del país, fue uno de los departamentos más afectados con tormentas e inundaciones, provocando 95.000 desplazamientos. Solo en junio y julio de 2023 se reportaron 64.000.
Estos eventos se relacionaron con el pasado fenómeno de El Niño, que generó grandes olas de calor y sequías en varios departamentos, mientras que en otras zonas del país las lluvias fueron predominantes. Por estas razones, de carácter ambiental, el presidente Gustavo Petro declaró en distintas ocasiones decretos para ayudar a la crisis ambiental del territorio.
Sin embargo, varios meses después el país afrontó grandes desastres como el rompimiento de casi 100 metros del boquete de Cara de Gato, en San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, que causó la afectación de unas 3.000 personas. En el informe textualmente se hace énfasis en que “no todos los desastres relacionados con el clima son el resultado del cambio climático, pero sí están haciendo que algunos sean más frecuentes e intensos”.
Asimismo, Mireille Girard, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, comentó que las razones de desplazamiento están unidas: “Las causas muchas veces están relacionadas. Personas que han sido desplazadas por conflicto desde otras partes del territorio terminan en zonas de alto riesgo ambiental, por falta de alternativas se encuentran nuevamente desplazados”, exactamente lo que le pasó a Ávalos.
Por su parte, Vicente Anzellini, autor del informe y mánager del equipo de Análisis Global y Regional del IDMC, expresó que, a pesar de los datos recopilados, aún faltaron cifras respecto a los desplazamientos por desastres ambientales por falta de acceso a la información: “Las cifras las tiene la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y agencias humanitarias como Ocha (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), pero sigue siendo difícil validarlas de la manera más sólida posible”, explicó
El panorama nacional
En los últimos años, son varios sectores de la población que abogan por establecer un reconocimiento jurídico a las personas en situación de desplazados ambientales.
Es el caso de la representante a la Cámara por el partido Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, quien hace parte de los congresistas que tratan de defender los derechos de personas como Lucelly Ávalos, quien pertenece al Registro Único de Víctimas (RUV), pero no ha recibido una respuesta clara del Estado por su situación de ‘desplazada por desastre ambiental’.
“El clima originará más desplazamiento. Nosotros esperamos superar la guerra, pero la crisis climática va en aumento, va creciendo, cada vez será más grave, entonces hay que ponerle atención a esto”, dijo la representante.
Miranda es una de las 20 congresistas que en 2022 impulsó el proyecto de Ley 299 que busca el reconocimiento y definición del desplazamiento forzado por causas climáticas, impulsa la identificación de víctimas por estas razones y amplía la atención a estas personas. Si el Congreso aprueba este proyecto Colombia podría ser el primer país en América Latina que cree una política pública para los desplazados por causas ambientales.
“El proyecto tiene pocos artículos en los que está establecer los lineamientos que permitan identificar y caracterizar a las personas y comunidades que padecen de esta problemática. También nos atrevimos a dar una definición de qué es el desplazamiento en esta situación, muy replicable a nivel internacional y quizá esto es lo que más ha llamado la atención”, detalló la representante. El proyecto volvió a radicarse el pasado 20 de julio ante la Cámara de Representantes para esta nueva legislatura.
Miranda también hizo énfasis en la necesidad de crear un nuevo registro para personas desplazadas por la crisis climática. “Establecemos el Registro Único de Desplazamiento Climático en el cual deben estar también las personas en situación de desplazamiento forzado, lo que permite al Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres identificar eventos y regiones críticas en el país”.
El 'blindaje' que hacen algunas familias para proteger sus viviendas de las fuertes lluvias que hacen crecer los afluentes de esta zona de Medellín. Foto: Alejandro Zapata Peña.
Otro de los precedentes de la legislación colombiana en los últimos meses es la Sentencia T-123 proferida por la Corte Constitucional, por medio de la cual se reconoce la existencia del desplazamiento forzado interno por factores ambientales, incluidos hechos asociados al cambio climático. Este antecedente se debe a la acción de tutela interpuesta por una pareja de campesinos de 63 y 66 años que fue desplazada de la vereda Campo Oscuro por las diversas inundaciones del río Bojabá, en el departamento de Arauca.
La Corte ordenó que estos habitantes tuvieran el derecho de ser reconocidos como desplazados forzados internos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), por causa de factores ambientales. Por lo tanto, solicitó darles las mismas garantías y ayudas humanitarias que a los desplazados internos por razones de conflicto armado.
El abogado en derecho ambiental y doctor en derechos humanos, Mauricio Madrigal, celebró la decisión al hacer énfasis en que se abre un panorama regulatorio que no se había tenido en cuenta en el país. Sin embargo, cuestionó que sigue siendo una medida que se posiciona desde las consecuencias, es decir, desde que ocurre el hecho y no desde su mitigación.
“Toca más las consecuencias y no tanto las causas y hay que cuestionar bastante eso, la desarticulación que existe entre la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres es compleja”, expresó.
La casa de Lucelly Ávalos al fondo, lejos de la corriente de la quebrada La Rafita que le arrebató su casa hace unos años. Foto: Alejandro Zapata Peña.
Lo cierto es que el desplazamiento en Colombia puede ser multicausal, no solo se clasifica en categorías, sino por las múltiples razones por las que una persona debe dejar su territorio.
Walter Kälin, miembro del Grupo Consultivo de Expertos del Panel de Alto Nivel sobre Desplazamientos Internos del Secretario General de las Naciones Unidas, concuerda en que el país debe avanzar más en políticas públicas que ayuden a enlazar los dos tipos de desplazamiento en el país como forma de progresar en la atención y disminución de esta problemática en el territorio.
“La diferencia radica en las leyes, porque en la situación de una persona desplazada por conflicto armado hubo un victimario que le violó sus derechos, pero, en las víctimas por desplazamientos ambientales no hay un victimario, lo que hace que en las actuales leyes colombianas no haya una reparación integral”, explicó.
El panorama nacional
Pero la situación jurídica de muchas personas que en algún momento fueron desplazadas por la violencia y que en los últimos años son obligadas a salir de sus hogares por el clima, es incierta. En el caso de Lucelly la atención estatal no fue la mejor por pertenecer a una población marginada que tuvo que emigrar de las zonas rurales a la periferia de las grandes ciudades.
Hoy, Lucelly dice que por ningún lado recibió apoyo de la administración: “A mí el estado no me ha reconocido una casa por ser doblemente desplazada, por ningún lado fui capaz de por lo menos conseguir un arriendo”. Pero agradeció que la gente de la comuna la ayudó con su nueva casa y con lo que reunió de su trabajo en servicios generales de las Terminales Medellín consiguió cemento, ladrillos y un lote para reubicarse.
Como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio cree que los eventos climáticos irán a ser peores, por eso se reúne con varios de sus vecinos para buscar maneras de mitigar el riesgo en escenarios posteriores que puedan acabar con las casas de más vecinos y personas en esa zona del nororiente de Medellín.
